La puntilla

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Hubo un tiempo en que la celebración de oposiciones en el Real Conservatorio de Música de Madrid agitaba el mundo musical de la capital. Los periódicos de información general y las publicaciones especializadas daban cuenta del desarrollo de las pruebas y el público filarmónico asistía con pasión a las sesiones públicas.

Hoy, las cosas han cambiado mucho. Después de muchos años de espera, se celebran pruebas para ocupar puestos docentes en la institución y, pese a que en los ambientes profesionales hay toda suerte de tristes comentarios, sorprende la falta de repercusión pública del acontecimiento. Todo se desarrolla de forma inquietantemente discreta, como si se hubiese asumido la irrelevancia de la educación musical superior en general y, en particular, del Real Conservatorio.

Uno, que ha dedicado muchas horas al estudio de la historia del centro y que -a través de ella- ha aprendido a amarlo, se ve en la obligación de escribir algunas reflexiones sobre lo que está aconteciendo. Mi única intención es dejar constancia de mis opiniones para que los futuros interesados puedan documentar el que, a juicio de muchos, es un paso decisivo en el proceso de degradación académica del centro.

Pertenezco a una de las últimas generaciones que recuerda el prestigio del Real Conservatorio. Tengo aún presente cómo, en mis primeras clases de piano, la profesora me animaba a estudiar con diligencia para, en el futuro, “poder ir a Madrid a hacer el virtuosismo”. En la actualidad, el Real Conservatorio ya no suele ser la primera opción de los alumnos más inquietos. El que, desde su fundación en 1830, por más de un siglo, había sido la referencia educativo-musical del país ha encontrado dificultades para adaptarse a un paisaje educativo complejo y abierto. O, siendo justo, no ha encontrado el impulso político para poder adaptarse a los nuevos tiempos.

Suele afirmarse que, las que ahora se celebran, son las primeras oposiciones para el Real Conservatorio en treinta años. Visto desde otro punto de vista, en realidad, se trata de las primeras oposiciones de educación musical superior que convoca la Comunidad de Madrid. Es bien sabido que, desde el proceso de descentralización, son las comunidades autónomas las responsables de estas enseñanzas y que, con diversas fórmulas, cada una de ellas ha optado por desarrollar el modelo de gestión que ha creído más conveniente. A mi juicio, la Comunidad de Madrid no ha comprendido la especificidad de la educación musical superior ni valorado el capital simbólico que posee el Real Conservatorio.

Como institución central de la vida musical española durante un siglo, como uno de los centros de educación musical con más historia de Europa, como escuela a la que han estado vinculados los más grandes nombres de nuestra tradición musical, el Real Conservatorio de Música de Madrid hubiese merecido otro trato y otro destino. En cambio, mientras otras comunidades ponían en marcha iniciativas ambiciosas en este terreno, la Comunidad de Madrid ha dejado a la deriva, durante años, al Real Conservatorio y ahora -con el doble proceso de acceso e ingreso docente que está cerrándose- cierra la posibilidad de enderezar su curso.

Tras un acceso por méritos que, en realidad, ha repartido plazas docentes por razones puramente cronológicas -es decir, asignándolas a aquellos candidatos que llevaban más tiempo dando clase-, se convoca precipitadamente un concurso-oposición, inédito en los centros de formación musical superior de un cierto prestigio. Si el vigente sistema de oposición parece discutible para la selección de personal docente en educación primaria y secundaria, es directamente ridículo en el marco de las enseñanzas artísticas superiores. Como consecuencia, la propia convocatoria funciona como una eficaz herramienta para expulsar el talento artístico y docente. A diferencia de lo que ocurría en otras épocas (o lo que ocurre en otras latitudes), son excepcionales las personalidades del mundo musical que han decidido aspirar a ocupar una cátedra en el Real Conservatorio. A los pocos que lo han hecho -y me viene a la cabeza la imagen de un Premio Nacional de Música haciendo cola para participar en la primera prueba-, les espera un absurdo laberinto de exámenes y un baremo de méritos diseñado expresamente para cerrarles el paso.

Aunque se ha estado hablando de esta convocatoria durante años, la precipitación con que se ha llevado a cabo ha terminado afectando profundamente el desarrollo de la misma. Parece que la Comunidad de Madrid ha encontrado graves dificultades para constituir los tribunales y, como resultado, se ha ignorado con frecuencia el principio de especialidad. Así, en el tribunal de Historia de la Música presidido por Álvaro Zaldívar Gracia -un docente murciano cuya fama procede más de su actividad político-administrativa que de sus inciertas contribuciones a la disciplina- solo dos de los cinco miembros son especialistas en historia de la música^*. Tras un desarrollo de las pruebas atropellado y antipático (siete exámenes en cuatro días, discutibles propuestas de materiales, interrupciones constantes a los candidatos, comentarios inapropiados…), el tribunal ha dictaminado que ninguno de los candidatos -éramos quince- debía pasar a la segunda parte de la oposición. Aceptando deportivamente el veredicto, hubiese resultado menos doloroso de proceder de voces más autorizadas. De todas maneras, siempre nos quedará el consuelo de considerar que, una semana antes, nuestro presidente había sido vocal en otra oposición -en este caso, para una plaza de órgano en el Conservatorio Superior de Castilla y León- en la que habían eliminado, a las primeras de cambio, a  nuestro  instrumentista más sabio e internacional, el organista e investigador Andrés Cea. Sic transit gloria mundi.

Anécdotas aparte, lo preocupante es la categoría. Mientras florecen en Madrid los centros privados de educación musical superior, la administración autonómica no ha sabido -o no ha querido- impulsar un conservatorio público del nivel que nuestra capital merece. Sea por incapacidad, sea por un oculto designio ideológico, el resultado erosiona el principio de igualdad en el acceso a una formación superior de calidad y, en definitiva, nos convierte en una sociedad peor. Uno, en su insignificancia, se siente en la obligación moral de no callarlo.