Novedades bibliográficas

Sin piedad. Contra la pena de muerte.

Juan Carlos Tellechea
martes, 30 de marzo de 2021
Ohne Gnade © 2020 by Nomen Ohne Gnade © 2020 by Nomen
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El ex presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, es un ardiente defensor de la pena de muerte y por lo visto, también de los linchamientos. De buena gana hubiera querido que sus hordas bárbaras colgaran por traidor al ex vicepresidente Mike Pence durante el asalto de corte fascista al Capitolio el 6 de enero pasado. Afortunadamente no lo lograron.

Pence que parecía no entender demasiado la gravedad de la situación en medio de la que se encontraba logró ponerse a salvo huyendo a través de los subterráneos del edificio escoltado por los guardias del servicio secreto estadounidense. Esa escena y ahora la absolución de Trump por el Senaado (con la abyecta complicidad de la mayoría de los senadores republicanos) pintan a las claras hasta qué grado llega la vergonzosa situación por la que atraviesa ese dividido país.

Joe Biden, el 46º presidente de los Estados Unidos desde el pasado 20 de enero, rechaza, por el contrario, la pena de muerte, afirma el periodista y publicista Helmut Ortner en su nuevo libro Ohne Gnade. Eine Geschichte der Todesstrafe (Sin piedad. Una historia de la pena de muerte), publicado por la editorial Nomen, de Francfort del Meno.*

Pero en ese país, en el que más de 2.500 personas esperan ser ejecutadas, la pena de muerte es, por cínico que parezca, parte del arsenal político utilizado para librar las guerras religiosas. Lo que separa en los Estados Unidos a los estados liberales de los conservadores es el derecho del estado a expiar un crimen grave con la ejecución del perpetrador, afirma Ortner, miembro de la fundación humanista Giordano Bruno y de Amnistía Internacional.

Los republicanos

En realidad Trump no se diferencia de sus ex colegas republicanos. Georg W. Bush, uno de los predecesores, anunció una vez durante su campaña electoral que aboga por la pena de muerte, porque creo que puede salvar vidas. Una lógica extraña que servía a Trump y a su fiscal general Bill Barr también de principio rector. Durante su mandato e incluso después de haber sido derrotado en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, un número inusualmente grande de personas fueron ejecutadas.

Trump impulsó durante sus cuatro años en el poder la reintroducción de ejecuciones a nivel federal, no aplicadas desde 2003. Otras 61 personas aguardaban en este corredor de la muerte ser ejecutadas, según cifras de 2019. La vigencia de la pena de muerte había continuado, pero no se había implementado desde aquel entonces. La batalla legal sobre la reanudación de las ejecuciones se prolongó hasta el Tribunal Supremo de Washington, y el gobierno finalmente se impuso. Las tres primeras ejecuciones se llevaron a cabo mediante inyección letal en julio pasado en una prisión federal de Terre Haute, en el estado de Indiana.

Fe en el cambio con Biden

Hay que reconocer, sin embargo, que pese al programa de ejecuciones de Trump, la pena de muerte está en declive en Estados Unidos. En muchos lugares, esto tiene que ver con el cambio de la opinión pública, pero también con la creciente dificultad para conseguir las sustancias necesarias para la inyección letal. Además, los veredictos de pena de muerte suelen dar lugar a litigios prolongados y costosos. El 2020 fue anormal en casi todos los sentidos, y ese fue claramente el caso de la pena capital en Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, de ese país con sede en Washington DC.

La interacción de cuatro fuerzas configuró el panorama de la pena de muerte en Estados Unidos el año pasado: la tendencia a largo plazo de la nación a alejarse de la pena capital; la peor pandemia mundial en más de un siglo; las protestas nacionales por la justicia racial; y la conducta históricamente aberrante de la administración federal bajo el gobierno de Trump.

Paulatina abolición

Al final del año, más estados habían abolido la pena de muerte o habían pasado diez años sin ejecuciones, más condados habían elegido a fiscales reformistas que se comprometieron a no solicitar nunca la pena de muerte o a utilizarla con más moderación; se impusieron menos condenas a muerte que en cualquier año anterior desde que el Tribunal Supremo anuló las leyes sobre la pena de muerte en Estados Unidos en 1972; y, a pesar de una racha de seis meses de ejecuciones federales sin parangón en los siglos XX o XXI, se llevaron a cabo menos ejecuciones que en cualquier año en casi tres décadas.

Las cifras históricamente bajas de sentencias de muerte y ejecuciones se vieron indudablemente afectadas por el cierre de los tribunales y las preocupaciones de salud pública relacionadas con el coronavirus. Pero incluso antes de la pandemia, las sentencias de muerte y las ejecuciones en el primer trimestre del año habían puesto a Estados Unidos en el camino para un sexto año consecutivo de 50 o menos nuevas sentencias de muerte y 30 o menos ejecuciones. Las cifras de ejecuciones también se vieron alteradas por una racha de ejecuciones que marcó las prácticas de pena de muerte del gobierno federal como algo atípico, ya que por primera vez en la historia del país, el gobierno federal bajo Trump llevó a cabo más ejecuciones civiles que todos los estados de la unión juntos.

Falta de apoyo público

La erosión de la pena capital a nivel estatal y de condado continuó en 2020, encabezada por la abolición de la pena de muerte en Colorado. Otros dos estados, Luisiana y Utah, cumplieron diez años sin ejecuciones. Con estas acciones, más de dos tercios de Estados Unidos (34 estados) han abolido la pena capital (22 estados) o no han llevado a cabo ninguna ejecución en al menos diez años (otros 12 estados). Las ejecuciones del año fueron geográficamente aisladas, ya que sólo cinco estados, cuatro de ellos en el Sur, llevaron a cabo alguna ejecución este año. La encuesta de Gallup reveló que el apoyo público a la pena de muerte está cerca de su nivel más bajo desde hace medio siglo, y que la oposición está en su nivel más alto desde la década de 1960. Los votantes locales, sobre todo en los centros urbanos y las ciudades universitarias, rechazaron el encarcelamiento masivo y los castigos severos, eligiendo nuevos fiscales de distrito contrarios a la pena de muerte en condados que constituyen el 12% de la población actual de condenados a muerte en Estados Unidos.

Trump el peor

La mayoría (59%) de todas las ejecuciones de este año fueron llevadas a cabo por el gobierno federal bajo la administración Trump, que en menos de seis meses llevó a cabo más ejecuciones civiles federales que las que cualquier presidente anterior de los siglos XX o XXI, republicano o demócrata, había autorizado en cualquier año natural anterior. El gobierno de Trump llevó a cabo la primera ejecución federal lame-duck en más de un siglo, al tiempo que programó más ejecuciones en el período de transición que en cualquier otra transición presidencial anterior en la historia de Estados Unidos.

El jurista Steve Vladeck, profesor de Derecho de la Universidad de Texas, afirma que fue "una forma bastante cruel" de dejar el cargo. Al parecer, el fiscal general Bill Barr se había propuesto "ejecutar al mayor número posible de presos federales antes de que terminara su mandato."

Problemas de salud pública

Las ejecuciones reflejaron problemas sistémicos en la aplicación de la pena capital y suscitaron la oposición generalizada de fiscales, familiares de víctimas, líderes nativos americanos, líderes religiosos, expertos en derecho normativo y funcionarios de la Unión Europea. Además de las cuestiones legales, las ejecuciones también plantearon problemas de salud pública, ya que probablemente provocaron un brote en una prisión federal, infectaron a los miembros de los equipos de ejecución y provocaron que dos abogados defensores federales contrajeran COVID-19.

La pena de muerte ha estado plagada de desigualdades e injusticias a lo largo de su historia, pero esos problemas se han puesto de manifiesto este año cuando la pandemia y las protestas contra la violencia policial han puesto de manifiesto las mismas disparidades en todas nuestras instituciones nacionales, afirma el citado centro norteamericano. 

Mientras Estados Unidos entablaba un diálogo a nivel nacional sobre el racismo sistémico, el acceso a los recursos y los fallos del liderazgo federal, la pena capital reflejaba esos fallos a través de su aplicación racialmente sesgada, las protecciones legales inadecuadas y las prácticas atípicas del gobierno federal.

Amnistía Internacional

Es como todos los años, relata Ortner en su nuevo libro. Esta vez es un martes por la mañana de abril de 2020: delante se sientan los portavoces de Amnistía Internacional, en las filas de sillas -bien ocupadas, al fin y al cabo- los periodistas y representantes de los medios de comunicación. A todos les espera una conferencia de prensa sobria y a veces deprimente: la organización de derechos humanos presenta en Berlín su informe sobre las condenas a muerte y las ejecuciones. Y esto sin contar las ejecuciones extrajudiciales, como las que se perpetran en países como Colombia, México y varios países de América Central con la tolerancia de sus gobiernos, supuestamente democráticos.

Cifras mínimas

La información procede de diferentes fuentes: Estadísticas oficiales de los ministerios y administraciones, informes de diversas organizaciones de la sociedad civil e informes de los medios de comunicación: cifras e información que pueden confirmarse suficientemente a partir de nuestra propia investigación. Una empresa difícil.

En muchos países, los gobiernos no publican ninguna información sobre su uso de la pena de muerte. Por el contrario, cuando el público pueda enterarse, cualquier forma de publicación está prohibida y se castiga con penas y represión. El uso de la pena de muerte está clasificado como secreto de Estado. Los que investigan son perseguidos y acusados como enemigos del Estado. En Estados como China, Vietnam, Corea del Norte, Yemen y Malasia, es imposible obtener información fiable en este contexto.

Por lo tanto, las cifras del informe reflejan, salvo algunas excepciones, valores mínimos. En general, el número de personas condenadas a muerte y de ejecuciones realizadas es probablemente mayor. No obstante, el informe anual de los horrores es un documento importante; garantiza un mínimo de información y contrapublicidad (contrapropaganda), enumera realidades y describe acontecimientos, tanto deprimentes como agradables.

Disminuciones

Por un lado: el número de sentencias de muerte oficialmente ejecutadas ha disminuido, un cinco por ciento en comparación con el año anterior. De (al menos 690) en 2018 a 657. Es el número más bajo de ejecuciones en una década registrado por Amnistía Internacional. Por otro lado, se ha producido un fuerte aumento de las condenas a muerte en numerosos países, según la organización de derechos humanos.

En Irak, las ejecuciones casi se duplicaron, pasando de al menos 52 en 2018 a al menos 100 en 2019, pero en particular Arabia Saudí llevó a cabo un número récord de ejecuciones: Mientras que en 2018 hubo 149 casos, la cifra aumentó a 184 en 2019, lo que supone un incremento del 23 por ciento y la cifra más alta que Amnistía Internacional ha documentado para el estado dirigido por el autoritarismo. Pero el régimen de Arabia Saudí también utiliza la pena de muerte como "arma política" contra los miembros de la oposición de la minoría chií, informa Amnistía. Como ejemplo, la organización de derechos humanos cita una ejecución masiva de 37 personas, entre ellas 32 hombres chiíes.

El asesino anda suelto

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, que determina la política del país desde 2017 y gusta de presentarse como el impulsor de un proceso de reformas -que, sin embargo, según las organizaciones de derechos humanos, va acompañado de un aumento de la represión contra los críticos-, emitió un decreto en la primavera de 2020 en el que anunciaba su intención de abolir la pena de muerte para los menores.

La pena de muerte ya no se impondría a los acusados que fueran menores de edad en el momento del delito. En cambio, la pena máxima para los delitos cometidos por menores sería ahora de diez años de prisión en una cárcel de menores. Y también se debía prescindir del castigo de la flagelación en el futuro.

Anteriormente, la flagelación era un castigo por homicidio, pero también por alterar el "orden público" y por relaciones extramatrimoniales. En el futuro, los jueces deberán imponer penas de prisión, multas u obligaciones de servicio comunitario en estos casos. Hasta aquí el afán reformista del "moderno" príncipe heredero.

Los negocios

Arabia Saudí: un país que sigue ejecutando sentencias de muerte y que, sin embargo, no tendrá que contar con ninguna protesta sostenida de la comunidad internacional en el futuro. Un país que ostenta la presidencia del grupo de las principales potencias económicas del G20 en 2020. No es de esperar que haya protestas. Porque cuando se trata de intereses económicos -los tratos con Arabia Saudí son un excelente ejemplo de ello- los principios éticos pasan a un segundo plano. Los negocios son los negocios.

Barbarie

La cuestión de cómo están los derechos humanos en los países de origen de los socios comerciales, por ejemplo, se aborda de forma "pragmática" en las empresas alemanas, pero también las británicas y las estadounidenses. Con la exportación de bienes y servicios a Arabia Saudí, por ejemplo, las empresas alemanas han ganado miles de millones en los últimos años. Comercian con un país que ejecuta sentencias de muerte y castigos corporales bárbaros. Y no solo eso, también ejecuciones extrajudiciales, como el bárbaro asesinato del periodista Yamal Jashogyi en Turquía.

El capitalismo salvaje

Pero eso no parece ser un obstáculo para el negocio: Las empresas siguen abasteciendo al reino autoritario y guardan silencio. En el pasado reciente, las empresas alemanas han vendido prácticamente todo lo que hay en el mercado en materia de tecnología de defensa a sus socios comerciales saudíes: las listas de 2015 y 2016 abarcan desde metralletas a sistemas de reconocimiento aéreo, componentes para aviones de combate, visores de armas y misiles hasta obuses autopropulsados.

Inescrupulosos

Entretanto, 270 empresas alemanas -desde la mayoría de los grupos del índice Dax de la Bolsa de Francfort del Meno hasta las medianas empresas- son signatarias del Pacto Mundial de la ONU, la iniciativa de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible y la gobernanza empresarial.

Compromisos vacíos

Los participantes se comprometen a respetar diez principios. Lo primero y más importante: el apoyo y el respeto a los derechos humanos. En cualquier caso, llama la atención que sólo unos pocos representantes de las empresas alemanas se dejen citar por su nombre. "Entonces tenemos grandes problemas", dicen una y otra vez. "Si interfirieras en todas partes, no sabrías después a quién has ayudado y a quién has perjudicado", como dijo el portavoz de un grupo industrial implicado en Arabia Saudí. Los políticos están llamados a actuar...pero no lo hacen, porque responden también a los grupos de presión de la industria.

Asesinarían a sus madres

Aunque los políticos llevan años observando con creciente fastidio la situación política interna y la de los derechos humanos, y fustiga, aunque de forma no oficial, el carácter pétreo del sistema, al mismo tiempo acepta al país autoritario como un potente socio comercial y actor político de importancia regional, por ejemplo en la lucha contra el terrorismo, aunque éste también se originó y promovió desde Arabia Saudí. En otras palabras, Arabia Saudí es políticamente uno de esos estados de los que uno querría prescindir, pero no puede.

Cuánto más se pueden tolerar

Pero, ¿cuántas violaciones de los propios valores se pueden tolerar con tal de no perder a ese socio comercial? ¿Cuántas armas podemos suministrar a un país que no estabiliza la región sino que intensifica la guerra y el terror? ¿Cuánto tiempo puede dominar el pragmatismo necesario sobre los principios indispensables sin dañar la propia credibilidad? ¿Cuántas veces se puede mirar hacia otro lado cuando se ejecuta a personas? No deja de ser una hipocresía que el gobierno alemán, por un lado, advierta pública y ruidosamente contra el ascenso autoritario de Recep Tayyip Erdoğan al poder, al tiempo que piensa en reintroducir la pena de muerte en Turquía, y, por otro lado, guarde silencio sobre las condiciones reales de Arabia Saudí.

China en primer término

Además de Arabia Saudí, el mayor número de ejecuciones en 2019 tuvo lugar en China, Irán, Irak y Egipto, por este orden. Se cree que el mayor número de ejecuciones de todo el mundo ha tenido lugar en China, al igual que en años anteriores, pero se desconoce el verdadero alcance del uso de la pena de muerte en el país. Por lo tanto, los miles de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en China no se incluyen en la cifra global de al menos 657 condenas a muerte ejecutadas.

No sólo en China, sino también en numerosos países, especialmente en Irak, Irán, Corea del Norte y Arabia Saudí, se dictó la pena de muerte tras juicios que no cumplían las normas legales internacionales para un juicio justo. En algunos casos, esto incluyó el uso de la tortura para obtener "confesiones".

El terrorismo

En casi todas las regiones del mundo, los gobiernos siguieron recurriendo a la pena de muerte en respuesta a amenazas reales o percibidas contra la seguridad pública o del Estado. En al menos siete países se recurrió a la pena de muerte en relación con delitos de motivación terrorista; por ejemplo, se utilizó para justificar la mayoría de las ejecuciones en la región de Oriente Medio y el Norte de África. Algunos países han ampliado sus códigos penales para incluir los actos terroristas, que ahora también pueden conllevar la pena de muerte. Incluso los delincuentes menores de 18 años fueron ejecutados.

Asimismo, se han impuesto penas de muerte por delitos que no cumplen con los altos estándares a los que el derecho internacional limita la pena de muerte entre los "delitos más graves". En cualquier caso, es cuestionable que la definición de lo que constituye un "delito grave" sea responsabilidad exclusiva de los gobernantes de los respectivos Estados.

Estados que incitan y financian el terrorismo

Arabia Saudí, por ejemplo, ejecutó a personas condenadas oficialmente por "terrorismo, incitación a la violencia y conspiración criminal". Delitos como la blasfemia o el "insulto al Profeta o a la religión" también se castigan con la muerte en el país. Los condenados por homosexualidad y adulterio también se enfrentan a la pena de muerte.

Cabe señalar que los métodos de ejecución utilizados abarcan toda la gama de instrumentos para matar, desde la decapitación medieval hasta la inyección letal clínica.

Decapitación (Arabia Saudí).
Ahorcamiento (Afganistán, Bangladesh, Botsuana, India, Irak, Irán, Japón, Pakistán, Territorios Palestinos [autoridades de Hamás en Gaza], Sudán).
Fusilamiento (Bielorrusia, China, Gambia, Corea del Norte, territorios palestinos [autoridades de Hamás en Gaza], Somalia, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Yemen).
Inyecciones letales (China, Estados Unidos).

La pena de muerte por delitos no graves

Amnistía Internacional sigue preocupada por el hecho de que en la mayoría de los Estados en los que se condena a muerte o se ejecuta a personas, la pena de muerte se impone tras juicios que no cumplen las normas jurídicas internacionales sobre un juicio justo. A menudo estas condenas a muerte y ejecuciones se basan en "confesiones" que pueden haberse obtenido mediante tortura o malos tratos. Este es el caso, en particular, de los siguientes Estados: Afganistán, Bielorrusia, China, Irak, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí y Taiwán. En Irak e Irán, algunas de estas "confesiones" se emitieron por televisión antes del juicio, lo que restringió aún más el derecho del acusado a la presunción de inocencia.

Incompatibilidad con los derechos humanos

Las penas de muerte obligatorias son incompatibles con los principios de derechos humanos, porque no tienen en cuenta las circunstancias personales del acusado ni las circunstancias específicas del delito. Se imponen en los siguientes estados: Barbados, India, Irán, Malasia, Maldivas, Pakistán, Singapur, Tailandia y Trinidad y Tobago.

Se sigue condenando a muerte o ejecutando a personas por delitos que no implican un asesinato intencionado. Esto no cumple con el umbral de "delito(s) más grave(s)" establecido por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para la imposición de una pena de muerte. Se sabe que varios Estados aplican la pena de muerte por delitos de drogas, como China, India, Indonesia, Irán, Yemen, Malasia, Pakistán, Arabia Saudí, Singapur, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos (además de las ejecuciones extrajudiciales con bandas paramilitares en Filipinas).

Otros delitos

Otros delitos castigados con la muerte son el adulterio y las relaciones homosexuales (Irán), los delitos religiosos como la apostasía (Irán), la blasfemia (Pakistán), la brujería (Arabia Saudí), los delitos económicos (China), la violación (Arabia Saudí) y las formas de robo con agravantes (Kenia, Zambia, Arabia Saudí). Además, se ha impuesto la pena de muerte por diversos tipos de traición, actos contra la seguridad nacional y otros delitos contra el Estado (como en Irán por "moharebeh" -hostilidad contra Dios-), independientemente de que se haya matado a un ser humano en los delitos.

Se han dictado condenas a muerte de este tipo en Gambia, Kuwait, Líbano, Corea del Norte, los territorios palestinos (la Autoridad Palestina en Cisjordania; las autoridades de Hamás en Gaza) y Somalia. En Corea del Norte, a menudo se dictan sentencias de muerte aunque el acto en cuestión no sea punible con la muerte según la legislación nacional. Esto lo hacen a menudo tribunales militares y especiales, también contra civiles, no sólo en Corea del Norte, sino también en Egipto, la República Democrática del Congo, el Líbano, los Territorios Palestinos y la República Democrática de Somalia.

Hay algunas reformas

¿No hay cambios modestos en ninguna parte, ningún rayo de esperanza? Sí, hay reformas en algunos países, como muestra también la investigación de Amnistía Internacional. China y Vietnam redujeron el número de delitos castigados con la muerte. Malasia anunció reformas para revisar las leyes que hacen obligatoria la pena de muerte. Burkina Faso, Guinea, Kenia y la República de Corea (Corea del Sur) estudiaron proyectos de ley para abolir la pena de muerte.

Cuando Amnistía Internacional comenzó a hacer campaña por el fin de la pena de muerte hace más de cuatro décadas, sólo 16 países habían eliminado por completo la pena de muerte. 1977 fue un año de cambios. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo han abandonado por completo la pena de muerte, y decenas más no ejecutan sentencias de muerte desde hace más de una década o han señalado claramente su intención de poner fin a esta forma de castigo. A pesar de algunos acontecimientos contrarios que marcaron 2019 -sobre todo las cifras de ejecuciones de Irán, Irak, Pakistán y Arabia Saudí-, la tendencia a largo plazo es hacia la abolición mundial de la pena de muerte.

Más de un centenar de países abolieron la pena capital

Cabe señalar que a finales de 2019, 106 países (la mayoría de los Estados del mundo) habían abolido la pena de muerte en la ley para todos los delitos y 142 países (más de dos tercios de todos los Estados del mundo) la habían suspendido o también abolido en la ley o en la práctica. Esto da esperanzas.

Notas

Helmut Ortner, «Ohne Gnade. Eine Geschichte der Todesstrafe», Frankfurt: Nomen, 2020, 230 Seiten. ISBN 9783939816720

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