Reportajes
La política exterior de Biden, tras los comicios
Juan Carlos Tellechea
La reunión entre Joe y Xi en Indonesia no dio lugar a ningún avance. Pero lo importante es que se produjo y que las dos superpotencias están profundizando su diálogo.
Las sonrisas de ambos, el largo apretón de manos, la reunión de tres horas no pueden ocultar el hecho de que las ambiciones de las dos superpotencias, Estados Unidos y China, son diametralmente opuestas: Pekín quiere convertirse en la potencia dominante en Asia -y probablemente en el mundo-, mientras que Washington está decidido a seguir siéndolo.
Estaba claro de antemano que la reunión en la isla indonesia de Bali no cambiaría esta situación. Sin embargo, es correcto e importante que China y Estados Unidos deben hacer todo lo posible para vivir su rivalidad de forma que no desemboque en un conflicto violento. Esto es básicamente en su propio interés y en el de todo el mundo.
Lo que también está claro para Biden además es que los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos dificultarán las reformas de la política interior. Mas en política exterior el presidente estadounidense conserva un cierto margen de maniobra, más aún si gana la mayoría en el Senado estadounidense. En concreto, puede seguir apoyando a Ucrania, pero probablemente con límites financieros más estrictos. Según la politóloga Dra Laura von Daniels, de la Fundación Ciencia y Política (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP), gabinete estratégico que asesora al gobierno y al parlamento federal de Alemania.
En la actual situación económica, tanto los republicanos como parte de los demócratas impulsarán una política fiscal más restrictiva. En cuanto a la política de China, la victoria electoral de los republicanos, que apoyan unidos una línea dura, refuerza a los partidarios de la línea dura en la administración Biden.
Desvinculación tecnológica
Los republicanos en el Congreso impulsarán la desvinculación tecnológica de China, incluso en contra de las preocupaciones e intereses de los aliados y socios de política exterior. Esto aumenta la presión sobre la Unión Europea (UE) para que acepte la vía aún más restrictiva contra China anunciada por Biden. Esta cuestión podría convertirse en la manzana de la discordia en el Consejo de Comercio y Tecnología (TTC).
Los demócratas han perdido su ya estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado pudieron impedir que los republicanos obtuvieran la mayoría. Si los demócratas pueden incluso aumentar su ventaja en un voto se verá después de la segunda vuelta electoral en el estado de Georgia en diciembre.
Al igual que en sus dos primeros años de mandato, el presidente Biden tendrá poco margen de maniobra para impulsar reformas de gran calado (control de armas, reforma electoral, legislación sobre el derecho al aborto). Esto también se debe al hecho de que Biden tendrá que contar con los votos contrarios de su propio partido en algunas de estas cuestiones.
Sin embargo, para llevar a cabo su programa de política exterior, el presidente puede recurrir a los medios de las órdenes ejecutivas. Queda por saber si Biden y los demócratas también podrán fijar las prioridades de la política exterior y de seguridad mediante la asignación de fondos presupuestarios. No funcionará sin compromisos políticos con los republicanos.
Continuidad
En dos cuestiones fundamentales para Europa -el apoyo a Ucrania para que pueda defenderse en la guerra de agresión de y la política sobre - los intereses de los republicanos se han solapado hasta ahora con los de los demócratas en el Congreso, así como con los de la administración Biden. Por lo tanto, es de esperar que haya continuidad en este sentido.
En la lucha contra el cambio climático, que Biden definió inicialmente como uno de los objetivos más importantes de la política exterior, su margen de maniobra será limitado en el futuro. Los acuerdos internacionales que requieren la ratificación del Congreso están casi descartados. Sin embargo, sobre la base de la legislación en materia de infraestructuras y contra la inflación, Biden puede dirigir la inversión privada hacia proyectos y tecnologías respetuosos con el clima.
Lucha por apoyo a Ucrania
Desde el ataque de Rusia a , Estados Unidos ha prometido un total de 52.300 millones de euros en ayuda, incluidos 27.600 millones de euros en asistencia militar, 9.500 millones de euros en ayuda humanitaria y otros 15.200 millones de euros en asistencia financiera, según el Rastreador de Apoyo a Ucrania del Instituto de Economía Mundial de Kiel.
La ayuda militar incluye la entrega de armas y equipos militares procedentes de las reservas del ejército estadounidense. Además, hubo más ayuda de emergencia con cargo al presupuesto estadounidense. Además, en abril de 2022, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Préstamo de Defensa para la Democracia de Ucrania, basada en la ley del mismo nombre de la Segunda Guerra Mundial. Permite la exportación de equipos de defensa a Ucrania a crédito, por así decirlo, ya que es evidente que el país carece de recursos financieros suficientes. Además, crea un marco legal para la entrega acelerada.
Esta ley fue aprobada con una mayoría bipartidista, al igual que otras votaciones sobre créditos presupuestarios para Ucrania en marzo, mayo y a finales de septiembre de 2022. Sin embargo, en mayo, 57 miembros republicanos de la Cámara de Representantes y 11 del Senado ya votaron en contra del mayor paquete de ayuda para Ucrania, que ascendía a 40.000 millones de euros. En otra votación sobre la ayuda a Ucrania en septiembre, pero en relación con otros gastos presupuestarios, hubo aún más votos en contra.
Rusia
Las sanciones económicas contra Rusia y el control de las exportaciones de tecnologías avanzadas son el segundo pilar del apoyo estadounidense a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, Washington ha tomado medidas enérgicas contra sectores individuales de la economía rusa y contra personas, incluyendo la élite política y los oligarcas leales a , con amplias sanciones. Las reservas del banco central de Rusia han sido congeladas y varios bancos han sido suspendidos del sistema de pagos internacionales SWIFT. El control de las exportaciones impide que se exporten tecnologías clave a Rusia y se utilicen en la guerra de agresión contra Ucrania.
Estas medidas están estrechamente coordinadas con los aliados de Estados Unidos y otros socios. Treinta países participan en las sanciones contra Rusia. Además, el gobierno de Estados Unidos, en cooperación con Gran Bretaña, impuso ya en marzo una prohibición de importación de petróleo crudo y otros combustibles fósiles rusos, así como la prohibición de las inversiones de personas estadounidenses en el sector energético ruso. Además, Biden consiguió convencer a los países del G7 para que adoptaran medidas conjuntas. Poco después de Estados Unidos, la UE anunció la eliminación gradual de las importaciones de petróleo y carbón rusos para finales de año. En verano, el G7 también acordó un embargo del oro procedente de Rusia.
Más ayuda y el Congreso
El presidente estadounidense se ha comprometido a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. De ello depende también su credibilidad y fiabilidad como aliado. Incluso sin una mayoría en el Congreso, Biden podrá continuar o incluso ampliar las sanciones y los controles a la exportación mediante una orden ejecutiva. Sin embargo, el Congreso podría ponérselo difícil al presidente en el caso de una mayor ayuda militar a Ucrania.
Aunque el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, declaró que el partido seguiría estando sin reservas al lado de Ucrania, según un sondeo de opinión de octubre, una clara mayoría (66%) de los partidarios de los republicanos está a favor de la ayuda a Ucrania hasta ahora. Sin embargo, en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato, varios políticos republicanos influyentes se mostraron críticos con un mayor apoyo financiero a Ucrania. Por ejemplo, Kevin McCarthy, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, se opuso públicamente a dar a Ucrania un "cheque en blanco". También aumentaron las voces críticas entre los diputados demócratas, que no cuestionaron la ayuda financiera pero exigieron a Biden una apertura diplomática hacia Rusia.
También fuera del Congreso, algunos grupos influyentes, políticamente de derechas, intentaron aumentar la presión sobre la administración Biden para que dejara expirar la ayuda a Ucrania. Heritage Action, la organización de presión del think tank conservador Heritage Foundation, se opuso a la política de Biden sobre Ucrania ya en mayo de 2022. En la plataforma de medios sociales Truth Social, fundada por el ex presidente Donald Trump, así como en otras plataformas más derechistas, también hubo un sentimiento contra el presidente Selenski y contra la política de la administración Biden en Ucrania.
En el futuro, los republicanos podrían complicar la vida a la administración Biden en lo que respecta a los proyectos de apoyo a Ucrania y a la hora de negociar la asignación de fondos presupuestarios. Precisamente porque los republicanos no consiguieron la mayoría en las dos cámaras del Congreso, podrían utilizar el escaso margen de maniobra que han conseguido para llevar a cabo una política de bloqueo. El último paquete financiero para Ucrania de septiembre expirará el 16 de diciembre.
Perspectivas
En cuanto se abra el nuevo Congreso a principios de 2023, los republicanos podrían amenazar con poner bajo la lupa más créditos presupuestarios para Ucrania, que serán necesarios en el transcurso del año. A través de la presidencia de importantes comisiones de política exterior en la Cámara de Representantes, podrían frenar otras propuestas presupuestarias (resoluciones continuas) y tendrían la sartén por el mango sobre qué propuestas de gasto se debaten en el pleno.
A la hora de votar, es probable que Biden ya no pueda contar solo con los votos de los demócratas: tendrá que comprometerse y utilizar el capital político. La cuantía de la ayuda que el Congreso apruebe para Ucrania también se verá influida por acontecimientos como la inflación y la probabilidad de una recesión económica, así como por la opinión pública.
Feroz competencia con China
Los tratos estratégicos con China siguen siendo la principal prioridad de la política exterior, tras las elecciones. En su Estrategia de Seguridad Nacional de octubre de este año, la administración Biden hizo de la competencia con China su objetivo más importante. Las capacidades militares de China deben ser limitadas y en parte debilitadas. Sobre todo, los instrumentos de comercio exterior deben utilizarse para excluir a la República Popular de esa tecnología punta que puede utilizarse con fines civiles y militares (doble uso).
Desde el punto de vista de la administración Biden, la distinción entre ambas esferas ya no es posible en el caso de China. Reacciona así al cambio en el estatuto del Partido Comunista Chino decidido en 2017, que ha dado a Pekín el poder de intervenir en cualquier sector económico en cualquier momento. La eliminación de esta separación, según Washington, requiere una nueva práctica en el control de las exportaciones.
Hasta ahora, el gobierno de Biden no solo ha continuado, sino que ha endurecido la línea dura sobre la política de China adoptada bajo la presidencia de Trump. Biden ha mantenido la política arancelaria y ha impulsado el desacoplamiento tecnológico. No rechazó fundamentalmente la cooperación con China, por ejemplo en política climática; sin embargo, en opinión de su gobierno, es aconsejable excluir por completo a las empresas chinas en áreas sensibles para la seguridad.
Esto está relacionado, entre otras cosas, con las expectativas de los aliados y otros socios de la política exterior, por ejemplo, en lo que respecta a la tecnología de las telecomunicaciones: la actual administración estadounidense no es menos crítica que Trump con el uso de hardware 5G de la empresa china Huawei en las redes alemanas, aunque no se haya ejercido presión pública sobre los socios europeos.
Endurecimiento
Bajo el mandato de Biden, el Congreso ha iniciado de forma independiente una acción más dura contra China. En diciembre de 2021, aprobó la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures (UFLPA) con amplias mayorías bipartidistas en ambas cámaras. Su objetivo es impedir determinadas importaciones, tanto de productos que proceden directamente de Xinjang como de materias primas y componentes que han pasado por la región en algún momento del proceso de producción (como el algodón o el polisilicio para los paneles solares). Los importadores deben poder demostrar que no importan productos procedentes del trabajo forzoso. Las autoridades estadounidenses tienen derecho a tomar medidas contra los infractores con sanciones severas. La ley también estipula que otros países deben seguir su ejemplo.
Si las autoridades estadounidenses aplican ahora la ley en su totalidad, podría haber crecientes llamamientos en el Congreso para que el gobierno de Biden ejerza una mayor presión sobre los socios de la política exterior para que también tomen medidas enérgicas contra las exportaciones de bienes de trabajo forzado de China.
La propia UE ya ha puesto en marcha una iniciativa para eliminar de su mercado los bienes y productos procedentes del trabajo forzoso. Sin embargo, la ley es general y no está dirigida explícitamente a China. Se espera que entre en vigor como muy pronto en 2023, y la responsabilidad de su cumplimiento recaerá en los gobiernos de los Estados miembros. Solo unos años más tarde la ley pudo surtir efecto. Para el Congreso de los Estados Unidos, este enfoque podría ser insuficiente.
Chips
Además, en agosto de 2022, el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley CHIPS y de Ciencia (CHIPS). Su objetivo es reducir al máximo la dependencia de los chips simples producidos en China, así como de las materias primas importantes procedentes de este país, y también evitar que la República Popular avance en la investigación y el desarrollo de chips semiconductores sofisticados. Además de las leyes, Biden emitió dos órdenes ejecutivas de gran alcance sobre los controles de exportación e inversión destinados a cortar a China de la tecnología de vanguardia y bloquear su acceso a las aplicaciones de inteligencia artificial. Se podrían añadir más controles en el ámbito de la biotecnología.
En conjunto, la UFLPA, el CHIPS y las órdenes ejecutivas sobre inversión y control de las exportaciones de tecnologías sensibles, software de fabricación y aplicaciones de inteligencia artificial proporcionan un amplio conjunto de herramientas para "competir" con Pekín, por debajo del umbral de la confrontación militar.
La nueva normativa subraya el consenso, ahora bipartidista, para intervenir aún más profundamente en la economía y permitir subvenciones masivas a favor de la producción estadounidense. Esto también aumenta la presión sobre los socios políticos extranjeros para que lleven a cabo una política industrial más activa para proteger a sus propias empresas en la acalorada competencia internacional, incluyendo las subvenciones gubernamentales para determinados sectores de la economía.
De cara a las elecciones presidenciales de 2024, es probable que demócratas y republicanos se superen mutuamente a la hora de criticar a China y pidan más aranceles y medidas coercitivas, como han hecho en las últimas campañas electorales.
Política climática
La política climática ocupaba inicialmente un lugar destacado en la agenda de Biden. Sin embargo, en la recién creada "política exterior del clima", Biden y el enviado del clima han llegado a sus límites: La cooperación con la UE en materia de clima se tambalea. Apenas en funciones, Biden descartó dos cosas, un precio para el dióxido de carbono (CO2) y un mecanismo de ajuste en frontera similar al CBAM de la UE. Los intentos de cooperación con China de cara a la Conferencia Mundial del Clima de 2022 en Egipto (COP27) fracasaron por el momento este verano. China había cancelado las conversaciones con los diplomáticos estadounidenses del clima en respuesta a la visita a Taiwán de la líder de la mayoría del Congreso, Nancy .
Sin embargo, no se puede negar que el gobierno de Biden ha avanzado decisivamente en la protección del clima con ambiciosos paquetes de inversión: Biden ha establecido nuevos objetivos climáticos y ha contribuido de forma significativa a reducir el consumo de CO2 con la Ley de Infraestructuras y la recientemente aprobada Ley Antiinflacionista. La Casa Blanca prevé una reducción del 40% para 2030 en comparación con las emisiones de 2005.
Ahora que los demócratas han perdido la mayoría en al menos una de las cámaras del Congreso, las nuevas medidas de política climática y medioambiental por ley son una perspectiva lejana por el momento. Los intentos de Biden de hacer cumplir las normas climáticas y medioambientales mediante una orden ejecutiva serán probablemente revocados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Más recientemente, el tribunal prohibió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas en virtud de la Ley de Aire Limpio. No hay nada que impida la cooperación con China; en la reducción de las emisiones de metano, por ejemplo, el enviado del clima Kerry puede acordar objetivos junto con la UE y más de 120 países, incluida China. Sin embargo, para ponerlas en práctica serían necesarias de nuevo mayorías en el Congreso.
La situación es similar con respecto a la cuestión de los "pagos de reparación", que las naciones industrializadas ricas deberían hacer a los países más pobres para compensar los daños climáticos, como se debatió en la COP27. Kerry podría apoyarlo, pero los grandes pagos del gobierno a un fondo global serían difíciles de imaginar, incluso con las (escasas) mayorías de los demócratas. Sin embargo, para mantener los compromisos de EE.UU. con los países emergentes y en desarrollo de aportar 100.000 millones de euros para la financiación del clima, Kerry se está centrando en gran medida en el sector privado. Quiere ganarse al sector privado para que realice inversiones que beneficien a los países emergentes y en desarrollo.
Irán, acuerdos internacionales, Corea del Norte
Tras las elecciones de mitad de mandato, existe la amenaza de una paralización total en lo que respecta a las iniciativas de política exterior que van de la mano de un acuerdo de tratado internacional. Esto se refiere en particular a una renovación del acuerdo nuclear con de 2015 (JCPOA), que tendría que ser aprobado en el Congreso.
Cuando se firmó el acuerdo con el presidente Barack , la oposición republicana se opuso. Poco después de asumir el cargo, Donald puso fin a la participación de Estados Unidos en el JCPOA. Trump cambió a un curso de "máxima presión", en contra de las preocupaciones e intereses de las otras partes del acuerdo. Desde entonces, ha quedado claro que un acuerdo internacional basado únicamente en una orden ejecutiva, como el JCPOA, no es sostenible. Todavía no se vislumbra una solución mejor.
Sin embargo, la oposición de los republicanos a las obligaciones de los tratados a nivel internacional va más allá del JCPOA. Es probable que los republicanos bloqueen cualquier tratado sobre cuestiones como la salud mundial, la protección del clima y el medio ambiente, el control de armas, la no proliferación nuclear y los acuerdos de comercio e inversión.
Además, es de suponer que volverán a aplicar la llamada regla Hastert en la Cámara de Representantes, también conocida como la regla de la "mayoría de la mayoría". Según esta norma, el presidente de la cámara de Representantes solo permite votar los proyectos de ley que ya han sido aprobados previamente por la mayoría del partido mayoritario.
En el caso de del Norte, que volvió a provocar a sus vecinos con pruebas de misiles antes de las elecciones estadounidenses, cada vez está más claro que las sanciones adoptadas por las Naciones Unidas han sido ineficaces. No pudieron impedir las aspiraciones nucleares del gobernante .
Socavan sanciones
Sobre todo, Rusia y China están socavando las sanciones; contra esto, tanto Trump como Biden han sido impotentes hasta ahora. En realidad, este sería un campo central para una reorientación de la política estadounidense, que tendría que ser apoyada por ambos partidos.
Sin embargo, sigue siendo una incógnita si habrá cooperación entre los partidos. La polarización política y la previsible lucha encarnizada por la presidencia en 2024 podrían llevar a una situación en la que ya no se alcance el consenso ni siquiera en una cuestión de política exterior tan apremiante.
Tareas para Europa
Incluso tras el resultado sorprendentemente positivo para él en las elecciones de mitad de mandato, el margen de maniobra de Biden en política interior sigue siendo limitado; en política exterior debería seguir teniendo al menos una capacidad de acción parcial. Desde el punto de vista europeo, la cooperación con la administración Biden debería centrarse en tres cuestiones: 1) la continuación del apoyo a Ucrania, 2) el trato con China, 3) la política climática.
En los tres ámbitos, la UE tiene tanto interés como capacidad para desarrollar y aplicar sus propias estrategias; además, hay suficiente coincidencia con las prioridades de política exterior de Biden. Por ello, la cooperación con su gobierno promete éxitos en política exterior para ambas partes.
A corto plazo, también cabe esperar la continuidad del apoyo a Ucrania en el nuevo Congreso. Sin embargo, la posición aún poco clara de los republicanos sobre la ayuda adicional al país aumenta la presión sobre los Estados europeos para que revisen sus propias contribuciones a su apoyo. Para reforzar a Ucrania frente a Rusia, la UE y los socios europeos de la OTAN, en cooperación con Washington, deberían poner a disposición más recursos militares.
Endurecer sanciones
Además, junto con Biden, deberían continuar con las amplias sanciones contra Rusia, así como con los controles de las exportaciones, supervisar su aplicación y, en caso necesario, endurecerlas. Para que Alemania pueda aplicar las sanciones con mayor eficacia, es necesario aprobar rápidamente la Ley de Aplicación de Sanciones II, recomienda la investigadora de la Fundación Ciencia y Política, Laura von Daniels. Además, subraya, el gobierno alemán debería apoyar la iniciativa de la Comisión Europea de crear un organismo central para toda la UE que supervise si los Estados miembros cumplen las sanciones y cómo lo hacen. El objetivo es cerrar efectivamente las lagunas.
En cuanto a Rusia, también se recomienda que la UE y Estados Unidos. sigan colaborando para frenar en lo posible los ingresos por exportación de combustibles fósiles del país sin provocar distorsiones en los mercados energéticos. No habrá un marco mejor para un enfoque estrechamente coordinado con Washington en un futuro previsible. Al mismo tiempo, es urgente actuar en los ámbitos mencionados.
En cuanto a la política hacia China, la UE debería tener en cuenta que la administración Biden combina su postura dura hacia la República Popular con la expectativa de que la UE adopte un rumbo similar. Esto incluye la voluntad de utilizar, al menos, instrumentos económicos extranjeros comparables contra la influencia política china.
Por ejemplo, Washington podría exigir a la UE que amplíe sus sanciones contra China y mejore sus controles de inversión. Washington recurre cada vez más al control de las exportaciones en el ámbito de la tecnología avanzada (especialmente los semiconductores) y podría exigir algo similar a la UE.
Tecnologias sensibles
El gobierno de Biden ha subrayado en repetidas ocasiones que su objetivo es establecer normas comunes para las nuevas tecnologías sensibles a la seguridad, especialmente las aplicaciones de inteligencia artificial. Del mismo modo, es probable que Washington espere que la UE adopte medidas más duras contra las violaciones de los derechos humanos en China después de que el Congreso aprobara la UFLPA, una ley de gran alcance contra las importaciones de productos procedentes del trabajo forzado.
Desde el punto de vista de la administración Biden, el Consejo de Comercio y Tecnología (TTC) es el formato crucial de política exterior para coordinar con la UE estas cuestiones. Con los Estados asiáticos, Estados Unidos ha creado un formato de intercambio y negociación comparable, el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF). Ahora que Bruselas y Washington han coordinado y concertado las sanciones y los controles de las exportaciones contra Rusia, tiene sentido, desde la perspectiva de Washington, utilizar también el TTC para acordar un enfoque coherente hacia China.
Por otra parte, el punto de partida del trabajo del TTC fue un amplio espectro de problemas y cuestiones abiertas en las políticas comerciales y tecnológicas tanto de la UE como de los Estados Unidos. Ambas partes habían acordado diez grupos de trabajo en la primera reunión de octubre de 2021, incluidos los relativos a la financiación del clima y el futuro del orden comercial mundial. Por ello, la Comisión Europea tiene todo el derecho a insistir en que el TTC no se convierta en un mero "club antichino".
Tensión transatlántica
La reciente decisión de Washington de conceder generosas subvenciones climáticas solo a las empresas que produzcan vehículos eléctricos en Estados Unidos como parte del proyecto de ley contra la inflación fue recibida en Bruselas como una tensión en la relación transatlántica. La Comisión de la UE se quejó ante el gobierno de Washington por considerar que la ley discrimina a los fabricantes europeos y viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este paso y la señal de tomar contramedidas de política comercial si es necesario también son legítimos. Mientras tanto, se ha creado un grupo de trabajo transatlántico para aclarar las cuestiones en disputa.
Sin embargo, la Comisión y los Estados miembros poderosos, como Alemania y Francia, no deben perder de vista el panorama geopolítico general cuando velan por sus intereses económicos. En lugar de redactar una queja ante la OMC, la prioridad en los próximos meses debería ser persuadir al gobierno de Biden para que levante el bloqueo de Estados Unidos a la solución de controversias de la OMC que ha estado en vigor desde 2017 y se abra a las reformas necesarias del libro de reglas.
Sería deseable que la UE adoptara un enfoque similar en materia de política climática. Ambas partes también deberían utilizar el TTC para explorar conjuntamente hasta qué punto están dispuestas a reconocer como equivalentes sus respectivas medidas para alcanzar los objetivos climáticos. De este modo, podrían sentar unas bases importantes para un club climático que prescinda del compromiso de un precio del CO2, tal y como se acordó en la cumbre del G7 en Elmau. El club debería estar diseñado para estar abierto a otros países.
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