Reportajes

Cambio climático

LXXXIV El enfoque del presupuesto de emisiones en la política climática de la UE

Juan Carlos Tellechea
lunes, 31 de julio de 2023
Cambio climático © 2023 by German Watch Cambio climático © 2023 by German Watch
0,0015982

La política climática de la Unión Europea está a punto de entrar en su próxima fase. La decisión sobre el objetivo de reducción de emisiones para 2040 ocupará un lugar central. A su vez, será el punto de partida de la próxima ronda de revisiones de toda la legislación de la UE sobre política climática.

El recién creado Consejo Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático, integrado por 15 renombrados científicos, ha emitido un dictamen histórico sobre el objetivo climático de la UE para 2040. Su propuesta, destinada a preparar la decisión de la UE, combina lo necesario en la protección del clima con el ''arte de lo posible''. El mensaje principal: la UE debe aumentar el ritmo de protección del clima en casa y, además, comprometerse más en asociaciones climáticas con otros Estados. Solo así podrá estar a la altura de su responsabilidad internacional y contribuir al Acuerdo de París. La Comisión Europea debe utilizar ahora las recomendaciones de los 15 investigadores como base para elaborar su propuesta de objetivo climático de la UE para 2040.

El Consejo Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático (ESABCC) fue creado por la Ley de Cambio Climático 2020 de la UE. Su papel se regula de la siguiente manera: En junio de 2024 a más tardar, la Comisión Europea debe presentar una propuesta de objetivo climático de la UE para 2040, que luego se negocia entre el Parlamento Europeo y el Consejo, aprovechando la experiencia del Consejo Consultivo. Otras tareas incluyen, por ejemplo, revisar la coherencia de la legislación de la UE con los objetivos climáticos.

ONG ''German Watch''

La organización no gubernamental German Watch urge a la UE a que apruebe una 

hoja de ruta para un modelo económico y de vida socialmente aceptable y responsable, que respete los límites planetarios (neutralidad de los gases de efecto invernadero, biodiversidad, economía circular), que proteja los derechos humanos también en la cadena de suministro y que sea percibido como un éxito por su propia población.
[Esto también ofrece la oportunidad de] liberarnos de la dependencia de las energías fósiles, causa de muchas guerras y fuente financiera de numerosos sistemas autoritarios. También desde el punto de vista de la seguridad, cada vez hay más cosas que decir a favor de esta vía.

La propuesta de la ESABCC de un objetivo de reducción del 90-95% para 2040 es un paso en la dirección correcta. Es ambicioso, pero factible. Si solo se actúa en la UE, es demasiado bajo en comparación con lo que es moralmente necesario. Por eso también es importante considerar qué esfuerzos adicionales de protección y adaptación al clima pueden facilitar la UE y Alemania en otras partes del mundo. Esta es una parte importante del efecto palanca global de una transformación exitosa en la UE.

Si la UE demuestra que puede implantar un modelo de prosperidad neutro en gases de efecto invernadero, ello puede tener un importante efecto de contagio internacional, señala German Watch:

Ya podemos ver que China y EE.UU. están empezando a entrar en la carrera hacia la rápida neutralidad de los gases de efecto invernadero mediante subvenciones.

Fundación Ciencia y Política

Un equipo de politólogos de la prestigiosa Fundación Ciencia y Política (SWP), el gabinete estratégico que asesora al gobierno y al parlamento federal de Alemania publicó una actualización de sus análisis sobre el papel potencial de los presupuestos de emisiones a la hora de decidir el nivel del objetivo para 2040.

Aunque acumular las emisiones resultantes de diferentes escenarios de mitigación puede ayudar a evaluar los respectivos niveles de ambición, derivar estrictamente un presupuesto de emisiones de la UE a partir del presupuesto mundial de CO2 presenta varios escollos, afirman en su artículo los politólogos Dres Oliver Geden, Brigitte Knopf y Felix Schenuit. El debate sobre el diseño de la política climática de la UE después de 2030 no debería centrarse demasiado en un nivel "científicamente apropiado" del objetivo de 2040, sino en cómo seguir desarrollando la arquitectura de gobernanza, reforzar los instrumentos políticos y fomentar el apoyo público a políticas climáticas ambiciosas, señalan.

El Dr Geden es investigador principal del Grupo de Investigación UE / Europa de la fundación SWP y uno de los autores principales del Informe de Síntesis AR6 del IPCC. La Dra Knopf es Secretaria General del Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) y vicepresidenta del Consejo Alemán de Expertos en Cambio Climático. Schenuit es investigador del proyecto CDRSynTra, financiado por el Ministerio Federal alemán de Educación e Investigación.

Tras la conclusión del paquete Fit for 55, la política climática de la Unión Europea (UE) entrará en su siguiente fase. Una de las decisiones más importantes será fijar el objetivo global de reducción de emisiones para 2040, que será el punto de partida de la próxima ronda de revisiones de toda la legislación de la UE sobre política climática. En virtud de la Ley Europea sobre el Cambio Climático, la Comisión Europea propondrá un objetivo para 2040 basado, entre otras cosas, en un "presupuesto indicativo proyectado de gases de efecto invernadero de la Unión para el periodo 2030-2050". 

Este presupuesto, a su vez, se basa en un informe del antes referido Consejo Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático, creado recientemente por la Ley Europea sobre el Cambio Climático. Acumular las emisiones resultantes de diferentes escenarios de mitigación puede ayudar a evaluar los respectivos niveles de ambición; en cambio, derivar estrictamente un presupuesto de emisiones de la UE a partir del presupuesto mundial de CO2 presenta varios escollos. Sin embargo, el debate sobre el diseño de la política climática de la UE después de 2030 no debería centrarse demasiado en un nivel de ambición "científicamente apropiado" para 2040, sino en cómo seguir desarrollando la arquitectura de gobernanza, reforzar los instrumentos políticos y fomentar el apoyo público a políticas climáticas ambiciosas.

Mientras se ultiman los numerosos y complejos procedimientos legislativos del paquete "Fit for 55", se perfila el siguiente gran reto político para el Pacto Verde Europeo: decidir el objetivo de reducción de emisiones de la UE para 2040. La Ley Europea de Cambio Climático, adoptada en 2021, ya establece elementos importantes al pedir a la Comisión Europea que proponga un objetivo provisional para 2040 (artículo 4, apartado 3), al tiempo que fija un objetivo de emisiones para toda la Unión de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050, con referencia al objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París, y una visión para lograr emisiones netas negativas de GEI en el período posterior (artículo 2). 

A nivel interno, el objetivo de 2040 será el punto de partida de la próxima ronda de revisiones de la legislación clave en materia de clima y energía. En la dimensión exterior, la decisión sobre el objetivo de 2040 está estrechamente vinculada a la presentación de la próxima Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París, prevista para 2025.

Durante las negociaciones sobre la Ley Europea de Cambio Climático, el Parlamento Europeo (PE) había sugerido fijar un objetivo jurídicamente vinculante para 2040 basado en un presupuesto de GEI que determinaría un grupo de expertos científicos. La propuesta original de la Comisión, en cambio, consistía en establecer una "senda hacia la neutralidad climática" mediante actos delegados, que se actualizarían a más tardar seis meses después de la finalización de cada inventario mundial en el marco del Acuerdo de París. 

Los Estados miembros no estaban especialmente interesados en cambiar el proceso de toma de decisiones sobre el objetivo de reducción de emisiones a escala de la UE, ya que este objetivo siempre se había fijado en el Consejo Europeo y, por tanto, por consenso entre todos los jefes de Estado y de Gobierno desde 2007.

El compromiso entre los Estados miembros y el PE condujo finalmente a que el objetivo de 2040 pasara a formar parte de la Ley Europea del Clima, pero el concepto de presupuesto de emisiones adquirió un papel mucho más débil que el inicialmente previsto por el Parlamento. El Comité Científico Asesor Europeo sobre el Cambio Climático (ESABCC), creado recientemente por la Ley del Clima, tiene el mandato explícito de ayudar a las instituciones de la UE a calcular un presupuesto de emisiones de GEI.

La ley, que entró en vigor en julio de 2021, define el presupuesto de GEI de la UE para el periodo 2030-2050 como 

la cantidad total indicativa de emisiones netas de GEI (en CO2 equivalente y con información separada sobre emisiones y absorciones de GEI) que se prevé emitir durante ese periodo, sin poner en peligro por ello los compromisos de la Unión en virtud del Acuerdo de París. 

La versión adoptada de la ley, contrariamente a la posición negociadora original del PE, no prevé que el presupuesto de emisiones de GEI desempeñe un papel destacado a la hora de fijar el objetivo para 2040: solo se menciona como uno de los trece elementos que deben tenerse en cuenta (artículo 4, apartado 5, letra a-m). Además, el Consejo de la Unión Europea podría tomar una decisión política sobre la NDC de 2035 ya antes de que se haya alcanzado un acuerdo formal con el Parlamento sobre el objetivo de 2040 que se consagrará en la ley del clima.

Sin embargo, dada la importancia del presupuesto de carbono en los debates mundiales (y a veces nacionales) sobre política climática, y teniendo en cuenta la historia de las negociaciones sobre la ley del clima de la UE, es de esperar que el presupuesto de emisiones reciba una atención considerable a pesar de su papel marginal en el texto legislativo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta tanto los beneficios potenciales como los numerosos escollos de un enfoque basado en el presupuesto de emisiones a escala de la UE.

Límites del enfoque presupuestario

Los niveles de calentamiento global de 2 °C o 1,5 °C pueden traducirse en presupuestos globales para las emisiones acumuladas de CO2 que aún pueden entrar en la atmósfera. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) actualiza periódicamente los presupuestos de CO2 remanente (presupuestos de carbono remanente), cuyo cumplimiento permitiría mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de determinados umbrales en comparación con la época preindustrial. Sin embargo, los métodos de cálculo (y, por tanto, el tamaño de los presupuestos restantes) cambian periódicamente y las emisiones relevantes distintas del CO2, como las de metano u óxido nitroso, sólo se tienen en cuenta indirectamente. 

Además, la cuestión de los presupuestos de emisiones "apropiados" no puede responderse científicamente a nivel nacional o de la UE. El Acuerdo de París establece un objetivo global de temperatura a largo plazo, cuyo cumplimiento requiere esfuerzos globales conjuntos. La asignación de una responsabilidad nacional o europea cuantificada con precisión depende de suposiciones que no son genuinamente científicas, sino basadas en valores y políticas, y que no proporciona el IPCC.

Un análisis más detallado de estos aspectos deja claro por qué los presupuestos de emisiones de la UE o de los Estados miembros no deberían derivarse del nivel mundial y que sería problemático aplicarlos estrictamente como límites "basados en la ciencia" que no pueden ser cuestionados por los gobiernos o los parlamentos.

Sin base en el Acuerdo de París

El presupuesto de CO2 restante para alcanzar un determinado objetivo de temperatura con una cierta probabilidad se refiere a un límite físico real y, por tanto, escaso. Esto implica inevitablemente un conflicto de distribución global de los derechos de emisión. Si un presupuesto de CO2 restante fuera la base de las negociaciones en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), esto siempre daría lugar a un juego de suma cero: Lo que un Estado recibe, otro no puede utilizarlo. Por tanto, no es de extrañar que el enfoque presupuestario no haya podido imponerse en la CMNUCC.

En su lugar, el Acuerdo de París sigue un enfoque de promesa y revisión basado en compromisos de mitigación en gran medida voluntarios en virtud de las NDC. Los firmantes del acuerdo deben reforzarlos periódicamente. Cada cinco años, como parte de la Evaluación Global, se compara el efecto global de todas las NDC con la trayectoria de emisiones globales que sería necesaria desde una perspectiva científica para cumplir el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París. 

El primer balance se completará en la 28ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC (COP28), que se celebrará en Dubai a finales de 2023, y dará paso a una nueva ronda de presentación de NDC que durará hasta 2025. El principio de la CMNUCC de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas (CBDR-RC) se aplica a la hora de establecer objetivos de mitigación. Aunque este principio nunca se ha cuantificado en el marco de la CMNUCC, el Acuerdo de París menciona explícitamente que los países desarrollados deben "seguir tomando la iniciativa" en la reducción de emisiones.

Variedad de posibles principios de reparto

Si se quiere asignar a la UE una responsabilidad cuantificada con precisión, hay que incluir varios supuestos en las consideraciones. La cuestión de cómo debería ser una contribución justa de la UE a la consecución del objetivo mundial de temperatura a largo plazo no puede responderse de forma inequívoca, ya que depende en gran medida de cómo se interprete y se ponga en práctica el criterio de equidad que es fundamental en tales cálculos.

En la literatura científica, este criterio va desde un enfoque puramente per cápita (que suele favorecer a los países industrializados) hasta la plena inclusión de las emisiones históricas (a favor de los países en desarrollo). Si se tuviera en cuenta la responsabilidad histórica de los países industrializados tradicionales en el cambio climático (es decir, si se eligiera 1750 o 1850 como año de partida), el resultado habitual sería que la UE no recibiría ningún derecho de emisión en un presupuesto compatible con 1,5 ºC. Un enfoque de equidad global también tendría que tener en cuenta los respectivos potenciales y costes nacionales de mitigación, así como la situación macroeconómica de todos los países.

Diferentes metodologías y volúmenes presupuestarios

Contrariamente a la percepción generalizada entre los responsables de la política climática, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación, los presupuestos mundiales de CO2 del IPCC no proporcionan una base de referencia suficientemente estable. La traducción del objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París (limitar el aumento de la temperatura media muy por debajo de 2 °C y los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C) en presupuestos de carbono ya implica decisiones realmente políticas, ya sea sobre el nivel "adecuado" de calentamiento (1,5 °C, 1,75 °C o 2 °C) o sobre la probabilidad suficiente de alcanzar un objetivo (50%, 67% u 83%). Además, los presupuestos residuales de CO2 identificados por el IPCC cambian periódicamente, simplemente como consecuencia de los avances científicos.

Los presupuestos residuales dados en el 5º Informe de Síntesis del IPCC (2014) se incrementaron significativamente en el Informe Especial sobre 1,5 °C (2018) y de nuevo se revisaron ligeramente al alza en el posterior informe del Grupo de Trabajo I del IPCC (2021), en particular para una probabilidad del 67%. Si un presupuesto de CO2 para la UE estuviera directamente vinculado a los cálculos del IPCC, esto requeriría inevitablemente ajustes significativos (al alza o a la baja) después de cada informe importante del IPCC. Por tanto, derivar estrictamente un presupuesto de CO2 para la UE de los cálculos del IPCC no es un enfoque adecuado para crear una senda política fiable.

Además, a menudo se pasa por alto que no existe un presupuesto global para las emisiones de GEI. Por razones metodológicas, los presupuestos del IPCC sólo cubren el CO2 (tal como se acumula en la atmósfera), mientras que la política climática de la UE abarca todos los principales GEI, incluidos el óxido nitroso y el metano de vida corta. En las trayectorias de mitigación, las emisiones netas cero de GEI se alcanzan más tarde que las de CO2, ya que es necesario compensar cantidades significativas de emisiones residuales distintas del CO2 difíciles de evitar (en gran parte procedentes de la agricultura) eliminando CO2 de la atmósfera. Mientras que lograr unas emisiones netas nulas de CO2 probablemente estabilizaría las temperaturas a nivel mundial, alcanzar y mantener unas emisiones netas nulas de GEI -utilizando la métrica de emisiones consensuada por la CMNUCC- provocaría un ligero descenso de la temperatura.

Acumular en lugar de presupuestar

Teniendo en cuenta las incertidumbres existentes, en principio es posible determinar un presupuesto global de CO2. Este enfoque es muy adecuado para ilustrar la urgencia con la que debe abordarse el problema climático mundial. Sin embargo, un simple desglose del presupuesto global de CO2 por Estados o sectores individuales (presupuestación) y el intento de crear presupuestos estrictamente "basados en la ciencia" no sirven para orientar la política climática de la UE y sus Estados miembros. En cambio, la acumulación (es decir, la conversión de las vías de mitigación previstas a escala europea o nacional en cantidades totales de emisiones de CO2 o GEI, a lo largo de varios años o decenios) es una forma viable de trazar las ambiciones de política climática de la UE o sus Estados miembros.

Si se tiene en cuenta, por un lado, la fijación en años objetivo lejanos que suele encontrarse en la política climática europea y, por otro, el planteamiento de acumular las emisiones, este último presenta dos grandes ventajas que incluso los defensores de los presupuestos estrictamente derivados suelen citar: En primer lugar, la acumulación permite una mejor comparabilidad de las diferentes trayectorias propuestas que conducen al mismo año objetivo para la neutralidad de las emisiones de CO2 o GEI, desplazando la atención del propio año objetivo al nivel de ambición global. Esto, a su vez, permite comparar mejor las ambiciones en materia de cambio climático de los distintos actores políticos (como la Unión Europea y Estados Unidos). En segundo lugar, este planteamiento permite contrastar los objetivos propuestos a nivel de la UE y de los Estados miembros con los objetivos que serían necesarios si se aplicaran distintos criterios de equidad global.

El enfoque acumulativo no sólo permitiría evaluar el nivel de ambición de un país, sino también cuantificar qué compromisos internacionales adicionales se derivarían. Un ejemplo de ello sería apoyar el desarrollo de economías bajas en carbono en los países emergentes y en desarrollo, que es el objetivo central de las Asociaciones para una Transición Energética Justa (JETP). Aunque el Acuerdo de París sigue un enfoque de compromiso y revisión, existe la responsabilidad nacional de realizar una contribución adecuada a la protección del clima mundial, que debe orientarse hacia la mayor ambición posible (Acuerdo de París, artículo 4, apartado 3).

El consejo consultivo ESABCC creado por la Ley de Cambio Climático de la UE ha adoptado un enfoque coherente con estas consideraciones al identificar una horquilla en lugar de un valor único para el presupuesto de emisiones de la UE. Esta horquilla tiene en cuenta varios principios y dimensiones de equidad y viabilidad. Las recomendaciones del ESABCC se basan en los límites geofísicos del presupuesto mundial, mientras que la parte justa de la UE se deriva de varios modelos de asignación. Además, el organismo científico asesor independiente ofrece una horquilla para el presupuesto acumulado de la UE basada en diferentes vías para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. El ESABCC concluye que una contribución justa a la mitigación del cambio climático requiere reducciones de emisiones muy ambiciosas en Europa, complementadas con acciones financiadas por la UE en los países en desarrollo.

Centrarse en la gobernanza del cambio climático en lugar de en los presupuestos de emisiones

Dados los problemas que plantea derivar rígidamente los presupuestos nacionales de emisiones a partir de los presupuestos mundiales de CO2, tiene más sentido centrarse en los instrumentos políticos y las trayectorias de objetivos existentes como punto de partida para reforzar la política climática de la UE. Al tratarse de políticas y planes ya establecidos, son mucho más importantes para la transición hacia unas emisiones netas nulas de GEI para 2050 que cualquier cálculo presupuestario. Cada uno de los instrumentos políticos clave establece subobjetivos específicos en la UE, incluidos los definidos en las Directivas sobre el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE I y II), así como el Reglamento sobre el reparto de la carga para los sectores no incluidos en el RCDE I y el Reglamento sobre uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (UTCUTS). Los objetivos vinculantes para 2030 y, en parte, también las trayectorias de los objetivos a largo plazo se han endurecido recientemente como parte del paquete legislativo "Fit for 55". Se revisarán de nuevo en la segunda mitad de la década de 2020, y después para el periodo 2031-2040.

Un aspecto clave de la próxima revisión será cómo se vinculan e integran gradualmente los instrumentos de política climática existentes. Una cuestión aún sin respuesta en relación con la arquitectura de gobernanza es cómo y dónde se legislarán las eliminaciones de CO2 para compensar las emisiones residuales. Es probable que esta faceta desempeñe un papel crucial en los futuros esfuerzos por vincular más estrechamente instrumentos y pilares de la política climática de la UE que actualmente siguen separados. Los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC) de los Estados miembros, que deberán presentarse a mediados de 2024, proporcionarán la primera información importante a este respecto. 

Los objetivos nacionales y los esfuerzos de modelización que se documentarán en los 27 NEKP ayudarán a explorar las preferencias y coaliciones emergentes que darán forma a la próxima fase de la política climática de la UE. Una gobernanza climática más sólida en la UE requiere un enfoque más sistemático que permita el aprendizaje mutuo a partir de las experiencias de aplicación de los Estados miembros y los sectores, por ejemplo mediante evaluaciones obligatorias más frecuentes y revisiones inter pares, que también deberían incluir análisis de la asignación de fondos públicos a la acción climática.

En resumen, el debate político sobre el diseño de la política climática de la UE después de 2030 no debería centrarse principalmente en el nivel de objetivos "científicamente apropiado" para 2040, siempre y cuando sea lo suficientemente ambicioso como para poder alcanzar unas emisiones netas nulas de GEI en 2050. En la que posiblemente sea la fase más difícil de la política climática de la UE hasta la fecha, la prioridad del Consejo, el Parlamento y la Comisión debería ser más bien seguir desarrollando la arquitectura de gobernanza, reforzar los instrumentos políticos y aumentar el apoyo público.

Reclamos

La contribución justa de la UE a la consecución del Acuerdo de París se basa en tres pilares, según el "Asesoramiento científico para la determinación de un objetivo climático para 2040 a escala de la UE y un presupuesto de gases de efecto invernadero para 2030-2050" del ESABCC: 

  1. La UE debe reducir sus gases de efecto invernadero en un 90-95% para 2040 en comparación con 1990. 
  2. La UE debería participar en asociaciones internacionales para acelerar aún más los avances a nivel mundial. 
  3. La UE debe eliminar permanentemente de la atmósfera más CO2 del que emita después de 2050. El Consejo ha evaluado sus propuestas desde el punto de vista de la viabilidad, las repercusiones medioambientales no deseadas y la equidad, afirma la organización no gubernamental ''German Watch''.

Esta base científica da una nueva calidad al debate en curso sobre la política climática europea para después de 2030. Es de agradecer que el Consejo del Clima identifique opciones de actuación que tengan en cuenta tanto una contribución justa de la UE a los esfuerzos internacionales como la viabilidad. También es importante que los esfuerzos de protección del clima tengan en cuenta los graves efectos secundarios no deseados sobre el medio ambiente o los derechos de la población sobre la tierra. También es muy relevante que se hagan suposiciones realistas para la expansión acelerada de las energías renovables.

Debido al mandato del Consejo Consultivo, la Comisión Europea debe tener en cuenta sus recomendaciones. Sin embargo, la Comisión no sólo debe considerar la recomendación sobre el objetivo de 2040, sino también el presupuesto de gases de efecto invernadero propuesto de 11-14 gigatoneladas para el periodo 2030-2050, es decir, la cantidad restante de gases de efecto invernadero hasta la neutralidad climática. Esto se debe a que las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo de todos los años se acumulan en la atmósfera; el gas de efecto invernadero más importante, el dióxido de carbono, dura varios siglos. Por lo tanto, la cantidad total (presupuesto) emitida hasta la fecha final es relevante, no sólo la fecha final en sí.

Dada su gran actualidad, merece la pena profundizar en el informe

Enfoque metodológico

El informe es la primera propuesta exhaustiva para identificar un presupuesto equitativo de gases de efecto invernadero en la UE, ya que los escenarios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático no ofrecen recomendaciones para la asignación de emisiones. Los científicos del ESABCC afirman con razón que la asignación de emisiones a las distintas regiones solo es posible mediante juicios de valor, que en última instancia deben negociarse políticamente. Las normas que el informe del ESABCC establece para una contribución éticamente justa por parte de la UE son sólo requisitos mínimos, por lo que la UE no debería quedarse atrás:

La probabilidad de cumplir el límite de 1,5° a finales de siglo, si todos los países aplican su parte justa en la misma medida, es del 50% con el presupuesto total utilizado.

El Consejo contabiliza las emisiones para calcular el presupuesto restante de GEI de la UE solo a partir de 2020, ya que éste es el punto de partida de los presupuestos mundiales de CO2 presentados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (con diferenciación según la probabilidad respectiva de cumplimiento de 1,5°C).

Para las recomendaciones a la Comisión Europea, el Consejo calcula incluso solo el presupuesto de gases de efecto invernadero para el periodo 2030-2050, ya que éste es su mandato político a través de la Ley Europea sobre el Cambio Climático.

Otros enfoques éticos incluyen las emisiones históricas desde el inicio de la industrialización a mediados del siglo XIX, desde el comienzo de la medición del CO2 en la atmósfera en 1960, desde el establecimiento de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en 1992 o la adopción del Acuerdo de París en 2015. Tener en cuenta las emisiones históricas registradas en la UE, que son muy elevadas, tendría como consecuencia, dependiendo del año de inicio del análisis, que la contribución equitativamente disponible sería significativamente menor o incluso negativa, es decir, que la UE tendría que retirar de la atmósfera más emisiones de las que emite.

El Consejo solo distribuye las emisiones aún disponibles en todo el mundo sobre una base per cápita, ignorando así, por ejemplo, los diferentes potenciales económicos y tecnológicos de los Estados. Dado que la UE es una de las regiones más prósperas y tecnológicamente más avanzadas del mundo (lo que en las negociaciones internacionales sobre el clima se denomina "capacidad de actuación"), también se argumenta que la UE debe reducir más rápidamente, lo que reduciría aún más el presupuesto disponible, en la medida de sus posibilidades técnicas y económicas. Sin embargo, estos argumentos pierden peso cuanto más baratas sean las alternativas a los combustibles fósiles y cuanto más apoyen los Estados ricos y las instituciones internacionales a los Estados más pobres en la transición.

El Consejo no tiene en cuenta las emisiones vinculadas a las importaciones en la UE y a la aviación y el transporte marítimo internacionales. Dado que los Estados miembros de la UE importan muchos productos altamente emisores, por ejemplo de la producción industrial o en relación con la deforestación, las emisiones contabilizadas serían mayores en estos escenarios (al mismo tiempo, habría que deducir también las emisiones por exportaciones).

Resultados: una reducción del 90-95% en 2040 es factible y necesaria

Lo más novedoso es que la ESABCC también examina la viabilidad del rango posible propuesto para el objetivo climático de 2040. Su conclusión: una reducción del 90-95% es tecnológicamente factible - e incluso en diferentes vías de desarrollo tecnológico. Analizaron los más de 1.000 escenarios presentados a través de una convocatoria pública de propuestas y los filtraron en un proceso de tres etapas:

En primer lugar, los científicos clasificaron los escenarios como no útiles si no cumplían el perfil de requisitos (por ejemplo, insuficientes datos específicos sobre las emisiones de la UE, incumplimiento de los objetivos climáticos de la UE). En un paso posterior, definieron los requisitos mínimos de viabilidad, como la disponibilidad plausible de almacenamiento de CO2. En una revisión final, hicieron una selección para excluir escenarios con probables efectos secundarios negativos, entre los que se incluye duplicar el uso de bioenergía en comparación con la actualidad. En este contexto, los próximos trabajos del Consejo Asesor serán interesantes, ya que tiene previsto publicar informes de expertos sobre agricultura y silvicultura y sobre eliminación de CO2 antes de finales de este año. Al hacerlo, es probable que el Consejo Consultivo examine de forma crítica los planes de bioenergía de los Estados miembros y de la Comisión Europea.

De los 5-7 escenarios que quedan, el Consejo ha seleccionado tres que son particularmente significativos para la consideración de posibles implementaciones. Por ejemplo, uno de ellos se centra especialmente en la expansión de las energías renovables, otro en la eficiencia energética y otro en una combinación de tecnologías en la que, entre otras cosas, se mantiene la energía nuclear. Las características comunes de estos tres escenarios, y por tanto el punto de referencia para la aplicación de los objetivos, incluyen:

Una descarbonización casi completa del sector energético de la UE para 2040; una eliminación progresiva a gran escala del gas y de la generación de electricidad a partir del carbón para 2030; un despliegue a gran escala de la energía eólica, solar e hidráulica; y una reducción de las importaciones de combustibles fósiles hasta cero, pero al menos a la mitad, para 2040.

Una disminución significativa del consumo final de energía para 2040, en parte pero no exclusivamente debido al cambio a tecnologías electrificadas más eficientes, especialmente en el sector del transporte. Sin embargo, el estudio ESABCC considera factible "solo" una reducción del 20-40 %. Ha descartado los escenarios que asumen mayores reducciones por considerarlos poco realistas.

Dar prioridad a la reducción de emisiones al tiempo que se aumenta la captura de carbono tanto en el sector terrestre como mediante nuevas tecnologías. Los tres escenarios suponen una rápida expansión de la captura de carbono. Sin embargo, su aplicación conlleva riesgos en términos de viabilidad, posibles conflictos por el uso de la tierra e incertidumbres tecnológicas que es necesario abordar.

Hay que acelerar el ritmo en la UE, incluso antes de 2030

El ESABCC ha recibido su mandato de la Ley Europea de Cambio Climático, que ya establece un objetivo para 2030. Por tanto, no forma parte de sus competencias evaluar este objetivo. Pero varios elementos del informe dejan claro que el propio compromiso de la UE de reducir las emisiones un 55% para 2030 no debe ser la última palabra.

Para que la contribución de la UE sea justa, es necesario lograr reducciones adicionales.

La contribución del sector del uso del suelo al objetivo de reducción neta está limitada a un nivel inferior al exigido por el Reglamento sobre uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (Reglamento LULUCF). Por lo tanto, la aplicación del Reglamento LULUCF ya alcanza de facto un 57% neto para 2030.

Desde el punto de vista político, también se negociaron objetivos más elevados para las energías renovables y la eficiencia energética que los propuestos inicialmente por la Comisión Europea. El ESABCC señala que esto aumenta aún más la ambición.

Un mayor aumento de la ambición de los objetivos climáticos europeos es posible, entre otras cosas, si se superan las normas europeas, que a menudo se formulan como directivas, en la aplicación nacional. Por ello, en las próximas semanas la atención se centrará sobre todo en los Planes Nacionales de Energía y Clima, que los Estados miembros deben presentar a la Comisión Europea antes de finales de junio y sobre los que la Comisión deberá pronunciarse ahora antes de finales de 2023. Esto permitirá una reducción de emisiones del 60% para 2030 en la UE.

También debe escucharse la importante recomendación del ESABCC para el periodo anterior a 2040: el Consejo está presionando para que se establezca un objetivo provisional para 2035, ya que así lo exigen los informes de la ONU de todos modos. Es importante señalar que cualquier cosa que acelere el ritmo hasta 2035 permitirá una mayor serenidad en los años posteriores, cuando sea técnicamente cada vez más difícil reducir las emisiones residuales. Este debería ser el objetivo. Por lo tanto, es importante acelerar las reducciones, sobre todo a principios de la década. En este contexto, el estudio "Breaking free from fossil gas" es muy digno de mención: según el laboratorio de ideas Agora Energiewende, es posible reducir más gases de efecto invernadero en la primera mitad de los años 30 que en la segunda (del 60% de reducción global en 2030 al 77% en 2035 y al 89% en 2040). Lo que también es destacable de los resultados de este estudio es que la UE puede reducir a la mitad el uso de gas fósil para 2030 y, al mismo tiempo, reducir la demanda de hidrógeno, comparativamente caro y escaso, a una quinta parte de los objetivos fijados por la Comisión Europea.

La UE debe estar a la altura de su responsabilidad internacional e histórica

El Consejo lo dice muy claramente: En vista de la discrepancia identificada entre las reducciones factibles en la UE y su presupuesto globalmente justo de emisiones, la UE tiene la obligación de comprometerse intensamente en la protección del clima en otras partes del mundo. Si se toma como base la responsabilidad histórica, la discrepancia sería aún mayor entre lo que aún puede hacerse ahora y lo que sería necesario por razones de equidad.

El informe no contiene recomendaciones sobre las opciones prácticas para cumplir con esta responsabilidad. Pero sí permite extraer conclusiones sobre la magnitud de la brecha que debería colmarse con una acción internacional adicional, en función de los puntos de referencia subyacentes para la contribución éticamente justa: Con la vía de reducción más ambiciosa, que ya logra una reducción del 95% en 2040, en la UE se emitirán 52Gt de CO2e entre 2020 y 2050 (CO2e: equivalentes de CO2, ya que también se tienen en cuenta otros gases de efecto invernadero y se convierten en el efecto de calentamiento del CO2). Sin embargo, el presupuesto justo de contribución de la UE para este periodo sólo oscila entre 40Gt CO2e y -85Gt CO2e, dependiendo de las opciones de valor en cuanto a equidad (ilustrado en la Figura 13 del informe).

Esto significa que la UE debe ayudar a otros países a reducir (o evitar) las emisiones en una medida equivalente. Esto puede hacerse apoyando sus esfuerzos, en particular mediante financiación climática adicional, cooperación tecnológica y desarrollo de capacidades, por ejemplo en el contexto de las asociaciones climáticas. Esto permite a los países socios aumentar su propia ambición climática y también saltarse la fase de la tecnología fósil ("leapfrogging") y saltar directamente a la era de las energías renovables (de forma similar a como algunos países pasaron directamente a la telefonía móvil y no tendieron primero cables de cobre). Este apoyo adicional no debe suponer que se desvíen fondos de los compromisos para apoyar la adaptación al cambio climático y la compensación por daños y pérdidas. En el proceso deberían reforzarse los fondos y procesos multilaterales.

También está claro que la acción climática apoyada en otros países es adicional y no un sustituto (parcial) de una acción muy seria en casa. Sería una doble contabilización injusta si contara para el corredor objetivo de la UE de un 90-95% de reducciones nacionales. Aunque hasta ahora la UE ha hecho una contribución razonablemente justa a la movilización de los 100.000 millones de dólares anuales prometidos en virtud del Acuerdo de París a partir de 2020, la movilización tendrá que ser mucho mayor con el nuevo objetivo de financiación mundial vigente a partir de 2025. Se prevé que se necesitará un billón de dólares estadounidenses al año de flujos financieros externos para cumplir los objetivos climáticos de París en materia de mitigación y adaptación y para hacer frente a los daños y pérdidas. Este salto cualitativo debe garantizarse mediante un aumento de las contribuciones de los países industrializados, una reforma del FMI, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo, nuevos instrumentos financieros como gravámenes sobre el tráfico aéreo y marítimo internacional, y la inclusión de los países ricos en petróleo y emergentes en el club de los pagadores.

Comentarios
Para escribir un comentario debes identificarte o registrarte.