Geopolítica y Relaciones internacionales

Cambio climático

CLVI La Corte Internacional de Justicia juzga la responsabilidad de los Estados en materia climática

Juan Carlos Tellechea
lunes, 16 de diciembre de 2024
Palacio de la Paz de La Haya © Dominio Público Palacio de la Paz de La Haya © Dominio Público
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En una actuación sin precedentes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya está celebrando audiencias antes de pronunciar un dictamen sobre la responsabilidad de los Estados en la protección del clima, en virtud del Derecho Internacional.

La importancia histórica de este procedimiento judicial se refleja en el número récord de participantes. Comparecieron ante la Corte desde el pasado lunes 2 y hasta el viernes 13 de diciembre 98 Estados, encabezados por el Estado insular de Vanuatu (en Oceanía), y 12 organizaciones internacionales, que presentaron sus alegatos sobre el cambio climático en las vistas diarias que tuvieron lugar en ese período.

Al final de las audiencias, los 15 jueces de la CIJ podrían plantear preguntas a los Estados individuales o a todos los Estados. Los Estados tienen plazo hasta el 20 de diciembre para responder por escrito. La CIJ también ha fijado el 30 de diciembre como fecha límite para que los demás Estados presenten sus observaciones sobre estas respuestas.

Efectos

Aunque el dictamen que pronuncie el más alto tribunal del mundo, en fecha aún a determinar, no es jurídicamente vinculante, podría tener efectos de gran alcance en la política climática de los Estados y establecer las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados para proteger el clima.

La CIJ o Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y fue establecido en 1945 en La Haya, como continuador a partir de 1946 de la Corte Permanente de Justicia Internacional.

Las comunidades insulares del Pacífico solían vivir en armonía con el mar. Ahora sus hogares se ven amenazados por la subida del nivel océanos y mares, debido al derretimiento de los casquetes polares y glaciares por el aumento de las temperaturas en el planeta y el cambio climático, causado por las emisiones de gases (CO2) de efecto invernadero en la atmósfera, producidas por el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).

Problemas graves

La directora ejecutiva de la organización no gubernamental World's Youth for Climate Justice, Jule Schnakenberg, afirma que:

La subida del nivel del mar es un problema enorme para los pequeños Estados insulares con un espacio vital limitado.

Muchas islas están amenazadas de extinción total. El acceso al agua potable, al agua para la agricultura o para cocinar ya está gravemente restringido en algunos casos. Los activistas consideran que estos efectos constituyen graves violaciones de los derechos humanos, por lo que han llevado a varios gobiernos a emprender acciones legales.

El año pasado, la Asamblea General de la ONU decidió pedir a la Corte Internacional de Justicia un dictamen sobre el cambio climático, según las normas de Derecho Internacional. A partir de las declaraciones que presenten los gobiernos y las organizaciones internacionales hasta el próximo viernes en La Haya, los jueces van a elaborar un dictamen sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Derecho internacional a la hora de hacer frente al cambio climático.

Consecuencias

También se aclarará si a los gobiernos les esperan consecuencias jurídicas, y cuáles, si hacen demasiado poco para proteger el clima o si toman decisiones políticas que perjudican al medio ambiente, como cabe esperar, por ejemplo, del próximo gobierno de los Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump y sus funcionarios negacionistas.

El dictamen jurídico establecerá asimismo la responsabilidad de esos Estados en las consecuencias negativas del cambio climático, especialmente para los países más pobres. Vanuatu había presentado un proyecto de resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas junto con otros 17 Estados, entre ellos Alemania. El órgano principal de la ONU adoptó la resolución el 29 de marzo de 2023 (A/RES/77/276).

El ministro de Asuntos Exteriores de Vanuatu, Ralph Regenvanu, pidió a la Corte al comienzo de las audiencias reconocer:

que la conducta que ya ha causado graves daños a mi pueblo y a tantos otros es ilegal y que sus consecuencias deben remediarse.

Obligar a reducción

Los Estados deben ser obligados a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y a pagar reparaciones por los perjuicios que han causado. En otras palabras, quiere que se establezca que no proteger el clima es también una violación del Derecho Internacional:

La gente ha perdido casi todo lo que conforma su vida.

Vanuatu ya está más afectado por las consecuencias del cambio climático que casi cualquier otro país y su existencia se ve amenazada por la subida del nivel del mar. Sus representantes fueron los primeros en intervenir el lunes 2 de diciembre en la apertura de la sesiones.

Según el Fiscal General de Vanuatu, Arnold Kiel Loughman, los Estados que son responsables de las consecuencias del cambio climático al emitir gases de efecto invernadero no solo están violando el principio de prevención de daños medioambientales significativos, sino también el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la observancia de diversos derechos humanos.

Autodeterminación

En particular, el derecho a la autodeterminación fue un tema recurrente en las diversas declaraciones de los representantes de Vanuatu. Según este derecho, los Estados son libres de determinar su propio sistema político, social, económico y cultural. Forma parte del derecho internacional consuetudinario, pero también está regulado en el Artículo 1 (1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El activista de derechos humanos guatemalteco Julián Aguón señaló en su intervención que:

El derecho a la autodeterminación es una piedra angular del ordenamiento jurídico internacional. Pero, las catástrofes naturales como los ciclones ocurren una y otra vez, desplazando a poblaciones enteras y destruyendo sus medios de subsistencia.

Alemania: obligaciones legales frente a contribuciones voluntarias

Alemania también había apoyado la resolución iniciada por Vanuatu. En la primera audiencia, sin embargo, los representantes legales, la comisionada de Derecho Internacional del ministerio federal alemán de Asuntos Exteriores, Dra Wiebke Rückert, y el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Potsdam, Dr Andreas Zimmermann, subrayaron que era importante distinguir entre obligaciones legales y contribuciones voluntarias.

En su intervención, el Dr Zimmermann se centró especialmente en la conexión entre el cambio climático y los derechos humanos. Ambos son básicamente regímenes de tratados paralelos, pero se influyen mutuamente. Sin embargo, cuando los Estados toman medidas para proteger el clima, deben tener en cuenta sus obligaciones en materia de derechos humanos, y viceversa. Cuando se trata de la protección del clima, el Acuerdo de París de 2015 es, por supuesto, el tratado decisivo. Alemania está claramente comprometida con ello.

El académico subrayó que:

No se trata de proteger a personas abstractas de riesgos abstractos. Sin embargo, una cuestión crucial es hasta qué punto Estados como Alemania tienen obligaciones extraterritoriales hacia las personas de los Estados del Pacífico, es decir, personas que no viven en su territorio. En principio, la soberanía de un Estado solo se aplica a las personas que viven en su territorio. Hay excepciones en las que se reconoce la aplicabilidad extraterritorial, a saber, cuando un Estado ejerce un control efectivo sobre las personas. Sin embargo, no existe tal conexión especial entre un Estado de cuyo territorio emanan las emisiones y una persona concreta o incluso grupos enteros de población en el extranjero.

Precedentes

El catedrático también se refirió a la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso de los jóvenes portugueses, que habían demandado a otros 32 Estados además de Portugal. Un concepto tan amplio de soberanía extraterritorial significaría una responsabilidad ilimitada de los Estados hacia las personas en prácticamente cualquier lugar del mundo.

El profesor Dr Andreas Zimmermann agregó que:

Un planteamiento así convertiría de hecho los tratados de derechos humanos en tratados globales sobre el cambio climático. Alemania también rechaza las obligaciones de derechos humanos hacia las generaciones futuras, es decir, las personas que aún no están en el mundo. El objetivo de los tratados de derechos humanos es proteger a las víctimas reales de violaciones de derechos humanos, no proteger a individuos abstractos de riesgos abstractos. El dictamen podría ser uno de los más trascendentales, si no el más trascendental, que se haya solicitado jamás al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Derecho del mar

Según un dictamen de mayo pasado del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, los pequeños Estados insulares tienen derecho a una mayor protección climática. La Corte emitió su opinión ante el caso presentado por un grupo de nueve Estados insulares del Pacífico y el Caribe que se ven amenazados por la subida del nivel del mar. El Tribunal presentó un dictamen pericial sobre la medida en que los Estados están obligados por el Derecho internacional a tomar medidas más enérgicas en la lucha contra el cambio climático.

En su dictamen, el Tribunal afirma que los gases de efecto invernadero producidos por el Hombre contaminan los océanos. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados están obligados a tomar medidas contra la contaminación por gases de efecto invernadero. Otros acuerdos, como el de París, no les eximen de esta obligación. El Acuerdo de París pretende limitar el calentamiento global a “bastante menos” de dos grados a finales de siglo en comparación con la era preindustrial. El objetivo es de 1,5 grados centígrados.

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